Los países pueden colaborar en asuntos penales y compartir pruebas o información relevante incluso sin un tratado de extradición official.
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La extradición, en la mayor parte de los tratados en vigor experimenta ciertas limitaciones, Una de ellas y tal vez la de mayor relevancia, es la de la nacionalidad de la persona requerida.
Boye también ha asegurado que su representada ha recibido amenazas “de la gente de República Dominicana” para que no se defienda y que ello también pone en riesgo su integridad física.
La extradición entre España y México se contempla tras el tratado firmado entre ambos países con el compromiso de obligarse a entregar recíprocamente, según las reglas y bajo las condiciones determinadas en el tratado de extradición, los individuos contra los cuales se haya iniciado un procedimiento penal o sean requeridos para la ejecución de una pena privativa de libertad impuesta judicialmente como consecuencia de un delito.
Principio de especialidad: el Estado que solicita la extradición de una persona solo podrá castigar a esta por el hecho por el que el Estado solicitante hace entrega de la misma.
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El Estado requerido CONCEDE o NIEGA la extradición, cabe señalar que pueden ser recurribles ambas decisiones tanto por la defensa del reclamado como por la Fiscalía que defiende la postura del gobierno mexicano reclamante de la extradición.
1. Si la Parte requirente solicitase la comparecencia como testigo o Perito de una persona que se encuentre en el territorio de Extradición México España la otra Parte, ésta procederá a la citación según la solicitud formulada, pero sin que puedan surtir efecto las cláusulas conminatorias o sanciones previstas para el caso de incomparecencia.
Una vez que termina la etapa judicial, se turna el asunto dependiendo de cada país a otra Instancia en donde el Estado requerido resuelve sobre la procedencia de la extradición.
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Las Partes contratantes Extradición México España se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y bajo las condiciones determinadas en los artículos siguientes, los individuos contra los cuales se haya iniciado un procedimiento penal o sean requeridos para la ejecución de una pena privativa de libertad impuesta judicialmente como consecuencia de un delito.
A los fines de la aplicación de este Tratado, el homicidio u otro delito contra la vida, la integridad fileísica o la libertad de un Jefe de Estado o de Gobierno o de un miembro de su familia no será considerado como delito político.
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